Defensa expedienta a la capitán que denunció acoso sexual

Seguro que no es esa la intención de Defensa, pero el mensaje que algunos leen en el expediente disciplinario abierto a la capitán Zaida Cantero puede resultar demoledor para la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas, del que este mes se cumplen 25 años: la militar que denuncie a un superior por acoso sexual, y más si consigue que sea condenado, tiene muy difícil seguir en el Ejército.
Cantero logró que el Tribunal Militar Central condenase, en marzo de 2012, al coronel Isidro José de Lezcano-Mújica a dos años y diez meses de prisión por dos delitos de abuso de autoridad en sus modalidades de trato degradante y maltrato de obra a un subordinado.


La sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, concluyó que el coronel actuó “con grave menosprecio de la condición femenina de la víctima” y que sus actos (tocamientos, insinuaciones, amenazas, vejaciones en público) eran “claramente atentatorias de su libertad sexual”.
El expediente disciplinario abierto ahora a la capitán no tiene, aparentemente, ninguna relación con aquel juicio, salvo por el hecho de que su carrera profesional, hasta entonces intachable —con misiones en Kosovo o Líbano— ha estado plagada de problemas desde ese momento: orden de que pasara una evaluación personal extraordinaria, en la que su calificación pasó de brillante a deficiente, solo cinco meses después de la sentencia; denegación de su solicitud de vacaciones de verano, lo que le impidió disfrutarlas; denegación de cambio de turno en el curso de ascenso a comandante, lo que puede cercenar su carrera profesional; y choque con algún superior que era compañero de promoción del condenado.
El motivo por el que se le instruye un expediente por falta grave —castigada con hasta dos meses de arresto en un centro disciplinario o pérdida de destino— parece meramente burocrático: la alteración de la fecha de un parte de petición de un permiso cuando estaba en la Academia de Zaragoza. La supuesta alteración, cuya autoría niega la capitán, carecía de consecuencias prácticas; ya que esta pidió una baja médica por motivos psicológicos —debido a la tensión que rodeó el proceso por acoso sexual— y el cambio de turno para hacer el curso. Pese a ello, Defensa la denunció por un supuesto delito de deslealtad, castigado con hasta tres años de cárcel, que la juez militar acabó archivando por considerar que la alteración de la fecha ni perjudicó al servicio ni revestía gravedad.
Aun así, la juez dejó abierta la puerta a la vía disciplinaria y Defensa la ha aplicado de inmediato, incluso sin esperar a que el auto de archivo sea firme, y le ha abierto un expediente por “hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones basándose en aseveraciones falsas”.
Podría pensarse que Defensa aplica con rigor el código disciplinario y que hechos aparentemente inocuos en la vida civil revisten gravedad en las Fuerzas Armadas. Pero no siempre es así. Cantero ha sido expedientada a partir de un auto de archivo que, al no haberse celebrado juicio, no puede darse como un hecho probado. En cambio, no se actuó tras la sentencia del Tribunal Militar Central que señalaba a una serie de mandos como cómplices del coronel abusador.


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“Tanto el comandante Díaz Caballero, como el teniente coronel, hoy coronel, Carlos Andrade Perdrix, como el teniente coronel Vicente Brines Bernia”, afirmaba la sentencia, “fueron absolutamente conocedores de los hechos que se estaban sucediendo y la pasividad de todos ellos en cortar la conducta del hoy procesado [el coronel Lezcano-Mújica] permitió que esta [la capitán Cantero] continuara padeciendo los actos de humillación y envilecimiento de que fue objeto”. Según el tribunal, la capitán informó verbalmente a su superior de la conducta del coronel y que eso “de nada sirvió para poner freno a los ataques de que estaba siendo objeto”.
La conducta descrita supone un incumplimiento de los deberes militares, pero ninguno de los mandos citados ha sido sancionado.