Los verificadores dicen al juez que las armas inutilizadas se las quedó ETA

Los verificadores internacionales del desarme de ETA dijeron el domingo en la Audiencia Nacional que las armas de la banda armada cuya inutilización constataron se las quedaron los etarras con los que se reunieron en Francia en enero, según fuentes judiciales.
Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils y Chris Maccabe, miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) que el viernes anunció que había comprobado un desarme parcial de ETA, declararon ante el juez Ismael Moreno durante casi tres horas.
"Estamos aquí porque queremos ser transparentes y cooperar con el juez Ismael Moreno, estamos trabajando por la consolidación de la paz y la coexistencia en el País Vasco", dijo Manikkalingam, portavoz de la CIV, en unas declaraciones en inglés hechas a la puerta de la Audiencia.
Los verificadores fueron llamados a declarar como testigos a petición de la asociación de víctimas del terrorismo Covite que, apoyada por la Fiscalía, solicitó que aportaran información sobre los miembros de ETA con los que dos de ellos se reunieron.
Tres de los seis verificadores acudieron a Madrid y dijeron al juez que ese encuentro se produjo en la localidad francesa de Toulouse, donde dos encapuchados les mostraron las armas y luego las introdujeron en una caja de cartón que se quedaron, según fuentes judiciales.
"VIENEN A MENTIRNOS, TRABAJAN PARA ETA"
Los integrantes de la CIV, que tienen experiencia en comisiones de mediación en conflictos, divulgaron el viernes que habían constatado que ETA había dejado de utilizar cuatro armas de fuego, dos granadas y 16 kilos de explosivos.
El anuncio fue rechazado por el Gobierno español, que exige la disolución de una organización que ha matado a más de 800 personas en sus más de 40 años de búsqueda de un País Vasco independiente
"Los verificadores vienen a mentirnos, a contarnos una historia que no es la de la derrota de los terroristas (..) Los verificadores trabajan para ETA, no para España", dijo el domingo Esteban González Pons, vicesecretario general de Estudios y Programas del Partido Popular, en palabras recogidas por RNE.
La declaración ante el juez llegó en medio de la polémica después de que el lehendakari Iñigo Urkullu se desplazara a la capital de España para mostrar su apoyo a los verificadores, que comenzaron a trabajar en 2011 a raíz de que ETA anunciara el cese de su actividad armada.
"(La CIV) es una comisión que está al servicio de los intereses de ETA y que el Gobierno vasco lo avale (..) para que ante el mundo dé la sensación de que tienen el apoyo institucional, es un flaquísimo favor a la democracia y a la lucha contra ETA", dijo Ana Velasco, portavoz de Covite, a RNE.