La peor pesadilla para Madrid

Tokio se impuso a Madrid y Estambul en la lucha por organizar los Juegos Olímpicos de 2020. Madrid cayó en la primera ronda tras un empate parcial con Estambul —26 votos para cada uno por los 42 de Tokio, que ya desde el primer momento marcaba distancias— y que terminó con 45 votos a favor y 49 en contra en una segunda votación de desempate. Y después Japón se impuso a Turquía por 60 votos frente a 36 en la decisión final. Ganó el candidato más solvente en su economía y el que más expeditivo se ha mostrado en la lucha contra el dopaje. El equipo de Madrid ofrecía el 80% de sus infraestructuras ya construidas. Pero Japón aportaba eso mismo y algo más, y la candidatura española no pudo desembarazarse de la sombra del dopaje, con dos preguntas, y de la crisis que azota el país, y acabó pagando ambas cosas. Fue un golpe durísimo para el proyecto español, porque quedaba fuera de juego a la primera y porque lo hizo cuando las esperanzas de victoria eran incluso más altas que en ocasiones anteriores.
Estambul prometió “tolerancia cero” contra el dopaje. Pero en los últimos tres meses han salido a la luz 32 pruebas positivas. Y la ciudad turca no supo explicar a qué se debían. España eludió referirse al dopaje en su presentación. Pero hasta dos delegados preguntaron al equipo de Madrid sobre esa cuestión. Salió a colación el nombre de la Operación Puerto, la actuación que emprendió en 2006 la Guardia Civil contra una red de dopaje que desembocó este año en una sentencia muy tibia para los culpables.
Y frente a eso, Tokio alardeó de lo que nadie podía negarle: ningún deportista olímpico japonés ha dado positivo en un control antidopaje. Aludió la honestidad de sus ciudadanos. “Si [los visitantes] pierden algo, lo recuperarán, incluso el dinero. El año pasado más de 30 millones de dólares en metálico les fueron entregados a la policía”, indicó una representante del equipo japonés.

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Fuente: COI / EL PAÍS



Pero Tokio aportó otro argumento demoledor: el dinero. Madrid asegura que solo le faltaban 1.500 millones por invertir en los próximos siete años, algo asumible entre el Ayuntamiento, la Comunidad y la Administración Central. Pero la candidatura de Madrid no concretó nunca cómo se afrontaría esa inversión. A Japón le faltan 3.400 millones de euros para completar su proyecto, pero podría poner el dinero ahora mismo encima de la mesa si fuera necesario. “No es un presupuesto, es un fondo listo para ser usado a partir de mañana”, señaló uno de sus integrantes.
El punto débil de España, una vez más, fue la lucha contra el dopaje.

Esta era la segunda ocasión consecutiva en que Tokio aspiraba a organizar unos Juegos y la tercera consecutiva de Madrid, que ya había probado suerte en 2005 y 2009. El país necesitaba esta vez una ilusión, como decía la delegación española, pero el COI no consideró que debía concedérsela. Ahora, el Gobierno tendrá que seguir luchando contra el peso de 6,2 millones de parados; el presidente, Mariano Rajoy, tendrá que seguir soportando las preguntas sobre el caso de Luis Bárcenas sin la ayuda de unos buenos titulares. Y el Ayuntamiento de Madrid deberá afrontar su endeudamiento en torno a los 8.000 millones de euros sin más recursos que los que pueda conseguir en España.
La delegación española había intentado convertir los rigores de la crisis económica en una virtud. No hacían falta grandes sumas de dinero para invertir porque ya se había destinado casi todo lo que se precisaba. Se organizó la estrategia en torno a la solvencia de un proyecto al que solo faltaban 1.500 millones de inversión y un 20% de sus infraestructuras. Pero cuando se terminó la exposición de 45 minutos y llegó el turno de las preguntas para España, los delegados del COI eludieron la crisis y se centraron en la lucha contra el dopaje. El británico Adam Pengilly planteó: “Unos pocos deportistas me han pedido que pregunte por el desarrollo de la Operación Puerto y por la destrucción de las muestras de sangre”.
Pengilly se refería a las más de 200 bolsas que el médico Eufemiano Fuentes y sus colaboradores escondían en dos pisos de Madrid; o sea, la sangre de la Operación Puerto. La operación fue calificada por varios medios internaciones y deportistas de élite, como el tenista Andy Murray, como “el mayor encubrimiento de la historia del deporte”. Tras siete años de instrucción y tres meses de juicio, la sentencia de la juez Julia Patricia Santamaría fue muy tibia. De los cinco acusados tres fueron absueltos y dos condenados a penas mínimas. Y encima, la juez ordenó destruir las 212 bolsas de sangre y plasma incautadas, con lo cual se vetaba la posibilidad de castigar a los deportistas dopados, que pudieron ser una centena. La sentencia fue recurrida por la fiscalía. Con lo cual, las bolsas no se destruyeron. Pero el delegado Adam Pengilly preguntó “por la destrucción”. Y nadie atinó a decirle que no se habían destruido aún.
El pasado mayo, cuando se promulgó la sentencia, el presidente del Comité Olímpico Español se encontraba en Buenos Aires. Cuando se le preguntó que cómo podría afectar el veredicto a la candidatura española contestó que muy mal. Y lamentó que un hecho tan deplorable como esa red de dopaje opacara todos los esfuerzos que se han venido haciendo en los últimos años para adaptarse a la legislación internacional.
El sábado, cuando Blanco respondió a los delegados del COI, aseguró que España ha adaptado la ley a todas las exigencias. Pero eludió contestar al caso concreto de las bolsas. En la posterior conferencia de prensa aclaró que España es el sexto país en número de controles. Y que hay un total compromiso para luchar sin límites contra el dopaje. Y se refirió a las bolsas: “Estamos en un proceso judicial y hasta el final de ese proceso la juez no decide si da las bolsas o no las da. (…) No dejaremos de luchar hasta conocer los nombres de todos aquellos que estaban implicados”, aclaró. Pero ya era demasiado tarde. Y además, los delegados del COI conocían de sobra la respuesta. Tuvieron muchos meses para escucharla. Y se ve que ninguna de las explicaciones debió convencerles.
A Tokio le valió un inteligente uso de la tragedia nuclear de Fukushima, a la que de alguna manera dio la vuelta. En lugar de evitar hablar de lo que pasó, utilizó el desastre para pedir “algo con lo que soñar” después de tantas lágrimas. El poder económico japonés hizo el resto. Japón se impuso claramente en la primera votación (42 votos, cerca incluso de la mayoría absoluta, con lo que no hubieran sido necesarias más votaciones), y en la definitiva, con 60 votos por los 36 de Estambul.